Nuevos legisladores retomarán trabajos para sacar diversas iniciativas pendientes

Cancún.- En el Congreso local hay un total de 110 pendientes, entre reformas constitucionales y reformas a los códigos civil y penal. Y a partir del 5 de septiembre que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, los legisladores retomarán los trabajos para sacar las diversas iniciativas, algunas trascendentes y otras no tanto, que se quedaron en el tintero.

Entre ellas, se encuentra lograr que salga la reforma a la ley de Participación Ciudadana para que esté acorde a la reforma política y los ciudadanos puedan tener injerencia en las decisiones de gobierno, dijo Mauricio Morales Beizar, diputado del PT.

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“Nosotros creemos que también debe de revisarse a nivel local la ley de Participación Ciudadana para que también los ciudadanos quintanarroenses, en una democracia más participativa puedan tener injerencia en las decisiones que va tomando el gobierno”.

En tanto, Paul Carrillo del PRI, dijo que hay asuntos relevantes como la reforma al artículo 24 de la Constitución que tiene que ver con la ley de culto, que no tiene fecha, así como modificar la Ley Estatal de Turismo para crear una base de datos de los egresados de la carrera de turismo para que la Secretaría Estatal de Turismo la promueva entre las empresas del sector a fin de que los profesionales se coloquen.

“Para que las empresas turísticas puedan acceder a esta base de datos y de ahí jalar a jóvenes quintanarroenses que tengan la intención de trabajar. Es como crear una bolsa de trabajo, pero darle a la Secretaría esa sola base de datos, almacenada y enriquecida constantemente por las universidades del estado”.

José de la Peña, del Partido Verde, consideró que en materia de seguridad, una iniciativa importante es impulsar la ley de dominio público, a fin de que los bienes utilizados para actividades ilícitas sean incautados, iniciativa que podría salir este año.

“Es para pegarle un poco a la delincuencia llámese delincuencia del fuero común o del fuero federal. Esto es en cuanto a que la autoridad determine que se está cometiendo un ilícito conveniente dentro de un bien particular, la autoridad puede realizar un juicio aparte para que esos bienes pasen a poder del estado y lo destinen ellos para lo que consideren conveniente”.